EFE

• La colaboración ciudadana junto a esta web han permitido identificar a 22 de los 68 sospechosos que aparecen desde el primer día.
• Pretenden borrar a los sospechosos "porque pierde efectividad".
• También fue identificada una menor que se dirigió a comisaría con sus padres para exigir que retiraran sus imágenes.
• Polémica por las dudas entre los juristas de si vulnera derechos básicos relativos a la propia imagen y la presunción de inocencia.

El departamento de Interior retirará la próxima semana de la web de delaciones a los sospechosos de actos de violencia callejera durante la huelga general del 29-M que aún no hayan podido ser identificados, al cumplirse el primer mes de la activación de estapágina policial en internet.

Según han informado fuentes de Interior, a partir de finales de la próxima semana, cuando se cumplirá el primer mes de la activación de la web -el pasado 24 de abril-, se descolgarán los archivos de los 68 sospechosos que aparecían inicialmente y que aún no hayan sido identificados.

Una vez que se hayan retirado estos archivos, se podrían incorporar los ficheros de nuevos sospechosos, en función de las necesidades de los Mossos d'Esquadra, según las mismas fuentes.

Hasta ahora, la web de delación ha permitido a los Mossos d'Esquadra identificar, gracias a la colaboración ciudadana, a 22 de los 68 sospechosos que aparecen en la web desde el primer día, así como a un menor, que se dirigió a comisaría con sus padres para exigir que retiraran sus imágenes amparándose en que la ley prohíbe divulgar fotografías de menores.

¿Es legal esta web?

Esta web, pionera en España, ha despertado recelos entre los juristas, que dudan de su legalidad y constitucionalidad, y ha llevado al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a abrir una investigación de oficio para determinar si vulnera derechos básicos relativos a la propia imagen y la presunción de inocencia.

Paralelamente, un juez de Barcelona ha emplazado a la Fiscalía y al departamento de Interior a pronunciarse sobre si debe cerrar o no de forma cautelar la web, como ha pedido la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos en un recurso en el que pide la clausura de la página por vulnerar derechos fundamentales como el de la propia imagen o el de la presunción de inocencia.

Asimismo, un sindicalista que figura entre los sospechosos por actos de violencia callejera incluidos en la web presentó el pasado jueves un recurso contencioso en el Juzgado para exigir la clausura urgente de la página, por vulnerar su derecho a la propia imagen e intimidad.

Según las mismas fuentes de Interior, antes de conocer el requerimiento del juez ya se había acordado que, al cumplirse el primer mes de la activación de la web, se retirarían los ficheros de las personas que aún queden por identificar, ya que con el paso de las semanas la medida pierde efectividad.

Objetivo: colaboración ciudadana

Con la retirada de los archivos, Interior pretende demostrar, según las mismas fuentes, que el objetivo de la web no es criminalizar a los sospechosos, sino pedir la colaboración ciudadana en el marco de una investigación policial, así como potenciar su carácter disuasorio y pedagógico.

Interior también ha tenido en cuenta, aunque no les afecta directamente, que la legislación existente sobre videovigilancia establece que las imágenes grabadas se tienen que borrar al cabo de un mes.

Según Interior, en los primeros días de funcionamiento la web recibió un alud de visitas -el primero registró 140.000 consultas- y un número importante de aportaciones, que la consellería ha declinado precisar.

Sin embargo, las aportaciones ciudadanas han ido decayendo con el paso de los días, una pérdida de efectividad que el Departamento de Interior ya preveía.

EFE

• Asciende a 360 euros por alumno y curso en el primer año, y 180 euros a los alumnos que vayan a cursar su segundo año.
• Desde el gobierno se apunta a que los jóvenes (de entre 16 y 18 años) sabrán dar valor a los estudios con esta medida.

La Generalitat recaudará 15,7 millones de euros con la nueva tasa que ha implantado en el grado superior de Formación Profesional, que ascenderá a 360 euros por alumno y curso.

La consejera, Irene Rigau, ha afirmado que esa tasa deberán abonarla los que inicien este grado el próximo año, mientras que será de 180 euros para quien curse el segundo año, igualando la cifra en el curso 2013-2014.

Explica que la cuota se ha calculado teniendo en cuenta lo que cuesta un iPhone a los jóvenes de estas edades (entre 16 y 18 años), y argumenta que es una cantidad que ayudará a dar valor a los estudios.

Esta nueva matrícula la abonarán los alumnos de grados superiores y también los de ciclos formativos artísticos de grado superior, pero no los de grado medio, que seguirán siendo gratuitos, ha precisado.

Más plazas

El número de plazas ofertadas en la formación postobligatoria para el curso 2012-2013 en los centros que reciben fondos públicos será, en el primer curso, de 113.465, de los cuales 27.870 corresponden al grado superior y 2.625 a los ciclos de formación artística de grado superior.

En total, se ofrecerán 205.930 plazas para Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, Técnicos Deportivos de grado medio y superior, y ciclos de formación artística. Una cifra que suma 4.688 plazas al año anterior.

Irene Rigau asegura que no se excluirá ninguno de estos estudios, ya que estudian la posibilidad de "otorgar becas o rebajar el precio en función de la renta familiar, de acuerdo a lo que consideren más conveniente los directores de los centros".

La otra novedad en Formación Profesional para el próximo curso son becas para jóvenes con las 36 empresas que participan en este programa. Multinacionales como Bayer, Dow Chemical, Basf o empresas catalanas como Ros Roca o Nufri han mostrado su intención de participar.

EP

• La estafa consistió en dar de alta y baja a 685 trabajadores.
• Luego solicitaban cobrar el paro, un permiso de residencia o su renovación.
• Después debían pagar la mitad de lo obtenido a la organización.

La Policía Nacional ha detenido a 30 personas en Mataró (Barcelona) por su presunta implicación en una trama de empresas ficticias que estafó 800.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal.

La estafa consistió en dar de alta y baja a 685 trabajadores para que cobraran el subsidio de desempleo de forma fraudulenta. Según ha informado este viernes el cuerpo policial, la organización criminal creaba empresas ficticias a nombre de personas insolventes a las que prometían de 2.000 a 3.000 euros que luego no les pagaban, y después estas sociedades daban de alta a trabajadores que se avenían a la estafa para después pedir el subsidio de desempleo.

Cuando el trabajador, que pasaba por varias de las empresas tapadera para poder estar el mayor tiempo de alta antes de pedir el subsidio, lograba que le dieran el dinero, debía pagar la mitad de lo obtenido a la organización. Según han comprobado los investigadores, se llegaron a crear hasta seis sociedades que dieron de alta y baja a 685 trabajadores —de los que 175 fueron rotando— y luego solicitaron cobrar el paro, un permiso de residencia o la renovación del mismo.

Los continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores no se correspondían con una actividad real y nunca se abonaban las correspondientes cuotas a la Seguridad Social. La organización criminal estaba perfectamente estructurada y jerarquizada y sus integrantes contaban con amplios conocimientos de los trámites y requisitos legales a cumplir para obtener los beneficios, según la policía.

Distribución de tareas

El grupo estaba formado por un ciudadano marroquí junto con otros tres colaboradores que se repartían las funciones: captar personas para poner a su nombre las empresas, reclutar potenciales trabajadores que se prestaran al fraude y facilitar documentación falsificada para los trámites.

A los detenidos les atribuyen los delitos de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración ilegal. La operación ha sido desarrollada por el Grupo Operativo de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Mataró.